Firma

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Los testamentos se clasifican en dos clases:

  • escritos y
  • expresados de viva voz

Esta expresión latina del derecho romano procede de un tratado sobre herencias, testamentos y sucesiones.

El testamento requería de 7 testigos (y uno adicional cuando revestía la forma escrita y el testador no sabía escribir, siendo el octavo el que lo ponía por escrito). Pero la expresión solemne ante testigos sumarizando las posesiones y nombrando (literalmente) herederos de viva voz durante muchos años se denominó testamento nuncupativo.

Una variante del testamento declarado de forma oral podía posteriormente fijarse de forma escrita, lo que daba dos nuevas variantes, con escrito y sin escrito.

Al testamento nuncupativo se le llamaba abierto porque otra variante, el cerrado, escrito del puño y letra del testador o del octavo testigo, podía contener la declaración de herederos sin que los testigos conocieran su contenido. El testamento cerrado  e indefectiblemente escrito debía dejar suficiente espacio para que los siete testigos pusieran sus firmas o lazaran sus cordeles para fijar sus sellos. El testamento escrito se denomina también hológrafo.

En la actualidad la criptografía y la biometría son dos tecnologías que permiten fijar en un documento PDF la declaración de conformidad con lo firmado expresada de viva voz, de forma que el documento contenga el clausulado completo de un contrato de igual forma que el que se obtiene en otras formas de contratación. La vinculación del firmante con lo firmado cumpliendo los requisistos del artículo 26 del EIDAS da lugar a una firma electrónica nuncupativa. O dicho de otra forma, una firma electrónica vocal.

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La entidad Biometric Vox ha recibido la homologación de su sistema FirVox ver. 1.0 en el marco del Esquema de Firma Vocal Avanzada impulsado por European Agency of Digital Trust. El código de homologación es el FV-2016-001

El Sistema auditado es una Plataforma de Servicios de Firma Electrónica Avanzada en la definición del Reglamento Europeo UE 910/2014 (#eIdAS) que prevé el uso de la voz para la gestión de funciones de contratación y firma en diferentes contextos de uso.

Servirá para firmar electrónicamente contratos y otros documentos, de forma presencial y a distancia, captando la firma vocal del cliente y vinculando su consentimientos en documentos electrónicos de modo que en el caso de los contratos, estos tengan el máximo valor legal y cumplan con las mejores prácticas sectoriales.

El Esquema de Firma Vocal Avanzada está documentado mediante el sistema de gestión de evaluación de conformidad de TCAB (Trust Conformity Assessment Body) y la Auditoría la ha llevado a cabo EAD Trust que es una de las entidades homologadas por TCAB para realizar este tipo de auditorías.

En Murcia existe un ecosistema de empresas muy tecnológicas en cuyo contexto nació Biometric Box que ha sido la entidad impulsora de trabajos realizados por investigadores procedentes de la Universidad de Murcia que han desarrollado las tecnologías biométricas mas avanzadas basadas en Redes Neuronales, que son la clave de un sistema de contratación por voz  pionero en el mundo.

El sistema Firvox desarrollado por Biometric Vox da respuesta al reto de permitir que los propios intervinientes que contratan verbalmente reciban sus contratos en formato electrónico con la constancia de su voz prestando el consentimiento  y con el clausulado completo del contrato por escrito.

De esta forma se devuelve el equilibrio al consumidor respecto a la posibilidad de demostrar el contenido de un contrato y de quien lo suscribe, ya que garantiza que la prueba del contrato no esté solo a disposición de la entidad que adopta el sistema de contratación por voz.

El nuevo sistema puede ser disruptivo para el sector de la contratación a distancia a través de “contact centers” porque resuelve todos los requisitos que marca la ley en la actualidad, en particular los relativos a la firma electrónica avanzada en el marco del #eIdAS (Reglamento europeo 910/2014) y además resuelve el mismo tipo de problemas que en soporte papel se resuelven con la firma manuscrita de los contratos.

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Los contratos son acuerdos de voluntades y pueden tomar diversas formas. La forma contractual es el medio a través del cual se exterioriza el consentimiento de las partes. La voluntad de contratar puede mostrarse a través de hechos o actos concluyentes.

El contrato verbal es perfectamente válido excepto en los casos en los que la ley obligue a realizarlo en forma escrita, como en el caso de creación, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, para los que se exige escritura pública ante Notario. Aunque son perfectamente legales, plantean un gran problema ya que es complicado probar su existencia en caso de incumplimiento.

El Código Civil en el artículo 1.278 establece que “Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.

Y, en el artículo 1.261 se indica que “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1º Consentimiento de los contratantes 2º Objeto cierto que sea materia de contrato y, 3º Causa de la obligación que se establezca”.

Sin embargo, los acuerdos de palabra suponen un problema en caso de desacuerdo en un momento posterior. Puede ser que resulte difícil probar su existencia porque una de las partes lo niega, o que ambas acepten su existencia pero no el contenido del acuerdo.

Por ello se ha extendido la cita en latín Verba volant scripta manent tomada de un discurso de Cayo Tito al senado romano, y que significa “las palabras vuelan, lo escrito permanece”.

Hasta no hace tanto, estas eran las principales maneras de probar que un contrato verbal era válido:

  1. Testigos: los testigos son una prueba admitida por el Derecho, por lo que es posible demostrar la existencia del acuerdo o aspectos del contenido si al celebrarlo estaban presentes otras personas que puedan actuar de testigos.
  2. Actos: Pueden ser actos anteriores, simultáneos o posteriores que muestren la intención de contratar de ambas partes.
  3. Hechos: Hechos que puedan demostrar que el contrato verbal realmente se celebró.
  4. Documentos: es posible que no haya un contrato por escrito detallando los términos pero sí se conserven otros documentos cuya existencia sea consecuencia lógica del acuerdo: recibos bancarios, facturas, emails, …

Ahora, gracias a la tecnología biométrica de voz, a la criptografía  y a soportes multimedia es posible realizar contratos verbales de forma presencial o a distancia (por ejemplo, por teléfono) garantizando la vinculación de las partes con el documento contractual , y gracias a previsiones incluidas en la normativa de firma electrónica, que un documento electrónico que sea soporte de la contratación verbal, lo sea de la firma electrónica vocal, que tendrá la consideración de firma electrónica avanzada.

 

A partir del pasado 1 de febrero de 2014 las empresas que cobran sus servicios a través de recibos domiciliados deben cumplir las obligaciones de obtención y custodia del mandato que establece la normativa SEPA. Los adeudos directos mediante recibo domiciliado correspondientes a clientes nuevos que se practiquen sin autorización, es decir, sin el requerido mandato, podrán ser objeto de devolución y reembolso durante los 13 meses siguientes al cargo no autorizado.

Estas obligaciones harán que el esfuerzo de las empresas se centre en acreditar la obtención del consentimiento del cliente para realizar el adeudo del recibo en su cuenta corriente.

Normativa actual

En la sección 4.1 del Core SDD Rulebook se establece que el mandato es una expresión de consentimiento y autorización del deudor al acreedor y menciona únicamente dos formatos: el mandato en papel con firma manuscrita y el e-mandato con firma electrónica. Esta lista tasada se confirma en las FAQ del portal SEPA del Banco de España  en las que se afirma que el mandato telefónico no es válido y sólo se contempla la firma manuscrita y la firma electrónica que equivalga a firma manuscrita según la ley. De ello se deduce que un e-mandato sólo sería válido si estuviese firmado por el cliente con firma electrónica reconocida.

Sin embargo, el EPC (European Payments Council) emitió una nota aclaratoria en la que explica que los métodos de firma descritos en la sección 4.1 del Core SDD Rulebook no son exhaustivos y que se puede considerar el uso de otros métodos de firma que sean legalmente vinculantes, incluyendo los utilizados en las normas locales vigentes hasta ahora.

En una declaración posterior del SEPA Council se ha valorado positivamente la intención del EPC de dar un mensaje claro a favor de la tesis de que los SDD Rulebooks no son un obstáculo para el uso continuado, después del 1 de febrero de 2014, de métodos válidos de mandatos electrónicos ya existentes , que son utilizados actualmente en algunas comunidades nacionales para iniciar transacciones de adeudo directo.

Métodos de firma

En España, la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1997 establece que el requisito de la firma autógrafa puede ser sustituido, por el lado de la criptografía, por medio de cifras, claves y otros atributos alfanuméricos que permitan asegurar la procedencia y la veracidad de su autoría y la autenticidad de su contenido.

Más recientemente, en un Auto de 21 de marzo de 2013, el Tribunal Supremo ha aceptado como prueba los mensajes de correo electrónico certificados y de los SMS certificados. La validez probatoria de los SMS certificados ha sido reforzada desde la entrada en vigor de la exigencia de identificación en la contratación de una cuenta de telefonía móvil, incluidas las de prepago. El artículo 25 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, LSSI establece que las partes de un contrato pueden pactar la intervención de un tercero de confianza para que consigne la fecha y la participación de las partes y archive las declaraciones de voluntad. Se entiende que tiene que ser un tercero de confianza de las dos partes, es decir, aceptado libremente por ellas, ya que la imposición del tercero en una transacción de consumo podría llegar ser considerada como una cláusula abusiva.

La Ley de firma electrónica establece que la firma electrónica reconocida tendrá, respecto de los datos consignados de forma electrónica, el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. Pero también establece que no se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de firma electrónica reconocida en relación a los datos a los que está asociada por el mero hecho de presentarse de forma electrónica. Y añade que, cuando una firma electrónica se utilice conforme a las condiciones acordadas por las partes para relacionarse entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado entre ellas. Cabe decir en este punto que es altamente improbable que una empresa adopte la estrategia suicida de requerir el DNI electrónico para obtener los mandatos de sus clientes en la contratación de servicios recurrentes.

En el campo de la firma manuscrita en tableta ha habido importantes avances, al capturarse datos biométricos como, por ejemplo, el nivel de presión y la velocidad del trazo durante la ejecución de la firma. Los algoritmos aplicados a la autenticación en este formato de firma explotan el hecho de que el ser humano nunca firma exactamente igual, lo cual permite repudiar un documento que reproduzca la misma firma biométrica que otro anterior. Por otro lado, esta modalidad permite asegurar que el firmante estaba presente en el acto de la firma, algo que no es posible en otros sistemas de firma electrónica.

Otras modalidades de firma biométrica pueden ser, además de la firma dactilar, la firma vocal y la firma mediante vídeo, que algunas empresas están aplicando en ciertas modalidades de contratación, por ejemplo en ferias. Esta alternativa consistiría en aceptar el contrato leyendo el texto de aceptación en el que se reproducen los elementos clave del contrato mientras se graba la voz o la imagen y la voz del firmante y previa manifestación de consentimiento en relación al tratamiento de dichos datos. El fichero de audio o de vídeo quedaría unido al contrato con las correspondientes garantías técnicas de integridad. Hay que tener en cuenta, tanto en este punto como en los anteriores, las garantías adicionales que, en relación al consentimiento, exigirá la nueva Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios en el caso de la contratación telefónica y online.

Posibles estrategias

Entre las estrategias que se han adoptado para la transición a SEPA de las domiciliaciones destacan las siguientes:

1. Asumir el riesgo de devolución, tras haber evaluado dicho riesgo y haber asignado una partida presupuestaria a las posibles devoluciones que puedan producirse.

2. Asumir el riesgo de rechazo de medios con los que el cliente no esté familiarizado, con el consiguiente descenso en las ventas al pedir el DNI electrónico o cualquier otro sistema de firma cualificada en la transacción y en la obtención del mandato.

3. Adaptarse a la oferta de las entidades financieras,  mediante la clave de firma de banca electrónica.

4. Utilizar los servicios de terceros de confianza en la obtención del mandato y sistemas de gestión y custodia de los mandatos aceptados, en conexión con el ERP corporativo.

5. Obtener el consentimiento online o por vía telefónica con la posterior verificación del consentimiento mediante alguna de las modalidades de firma comentadas  que ofrezca las garantías exigidas por la ley.

6. Analizar la viabilidad jurídica de diferentes modalidades de firma biométrica en la obtención del mandato. Especial atención merece la firma vocal ya que se puede realizar a distancia.

 

A partir del procedimiento de gestión de firma electrónica manuscrita digitalizada avanzada definido por EADTrust, y cambiando algunos aspectos lógicos por el uso de diferente tecnología, ahora es posible gestionar firmas electrónicas que emplean la voz como mecanismo de autenticación, y que además dan la certeza de la prestación del consentimiento, base para garantizar  la validez de los contratos.

La firma electrónica avanzada vocal queda embebida en un fichero PDF que se gestiona como un simple documento electrónico pero que permite cumplir el requerimiento de soporte duradero requerido en la recientemente aprobada Ley 3/2014 de reforma de la Ley de Consumidores y Usuarios.

Los sistemas cumplen principios semejantes a los definidos para la firma digitalizada y pueden ser auditados por especialistas. Llame al 91 7160555 para pedir más información sobre la Firma electrónica Vocal.

En una gradación de técnicas relacionadas con la gestión de identidad se pueden plantear tres niveles:

  • Identificación. Consiste en establecer elementos que permiten singularizar a un individuo
  • Autenticación. Consiste en confirmar que efectivamente un individuo es quien se ha identificado como tal.
  • Firma: Consiste en garantizar que se lleva a cabo la prestación del consentimiento respecto a la vinculación de un documento con un individuo correctamente autenticado.

La prestación del consentimiento puede establecerse en sentido negativo, en una forma semejante a esta:  “entendido el documento al que se vincula en este instante mi identidad confirmada, y aunque tengo potestad para ratificar o negar su contenido, no estoy de acuerdo con este“. Es decir, la vinculación con el documento no tiene por qué ser siempre en conformidad.

La identificación o autenticación basada en técnicas biométricas asociadas a la voz del interesado, que se vincula de forma criptográfica al contenido de un documento, crea una forma de contrato electrónico cuya firma cumple lo previsto en la Ley 59/2003 para la firma electrónica avanzada, tal como se indica en su artículo 3.

Pero no todas las técnicas son adecuadas para la firma electrónica, y por ello, es conveniente recurrir a especialistas que puedan apoyar en el diseño de la solución, y eventualmente, auditarla, garantizando que el proyecto ha adoptado las mejores prácticas y es incuestiionable en sede judicial.

 

Con fecha 28 de marzo de 2014 entró en vigor en el BOE la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En la norma se dedica unos artículos a los contratos telefónicos: si el empresario llama por teléfono al consumidor para celebrar un contrato a distancia, deberá informar de su identidad y el objetivo comercial de la misma. Además, deberá confirmar la oferta al consumidor por escrito. El consumidor sólo quedará vinculado una vez que haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, en papel o mediante correo electrónico, fax o SMS.

Muchas de las nuevas obligaciones en aspectos de contratación pueden ser resueltas mediante la firma vocal, que permite incluir en un PDF los aspectos de identificación biométrica de voz de los intervinientes, además de plasmar los acuerdos en un soporte duradero, y permitir al firmante reconocerse en la firma del documento.

Puede contactar con EADTrust en el 91716 0555 si necesita más información sobre la contratación telefónica y la forma de resolver los nuevos requisitos legaes mediante el sistema de firma vocal o a través de otras posibilidades.

Se indican a continuación algunos de los artículos relevantes de la Ley 3/2014:

Artículo 97. Información precontractual de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil.

1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento o cualquier oferta correspondiente, el empresario le facilitará de forma clara y comprensible la siguiente información:

a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios.

b) La identidad del empresario, incluido su nombre comercial.

c) La dirección completa del establecimiento del empresario y el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda, con objeto de que el consumidor y usuario pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz, así como, cuando proceda, la dirección completa y la identidad del empresario por cuya cuenta actúa.

d) Si es diferente de la dirección facilitada de conformidad con la letra c), la dirección completa de la sede del empresario y, cuando proceda, la del empresario por cuya cuenta actúa, a la que el consumidor y usuario puede dirigir sus reclamaciones.

e) El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales. En el caso de un contrato de duración indeterminada o de un contrato que incluya una suscripción, el precio incluirá el total de los costes por período de facturación. Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa fija, el precio total también significará el total de los costes mensuales. Cuando no sea posible calcular razonablemente de antemano el coste total, se indicará la forma en que se determina el precio.

f) El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base diferente de la tarifa básica.

g) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación de los servicios, así como, cuando proceda, el sistema de tratamiento de las reclamaciones del empresario.

h) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.

i) Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de desistimiento.

j) Cuando proceda, la indicación de que el consumidor y usuario tendrá que asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para los contratos a distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo, el coste de la devolución de los mismos.

k) En caso de que el consumidor y usuario ejercite el derecho de desistimiento tras la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información de que en tal caso el consumidor y usuario deberá abonar al empresario unos gastos razonables de conformidad con el artículo 108.3.

l) Cuando con arreglo al artículo 103 no proceda el derecho de desistimiento, la indicación de que al consumidor y usuario no le asiste, o las circunstancias en las que lo perderá cuando le corresponda.

m) Un recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes.

n) Cuando proceda, la existencia de asistencia posventa al consumidor y usuario, servicios posventa y garantías comerciales, así como sus condiciones.

o) La existencia de códigos de conducta pertinentes y la forma de conseguir ejemplares de los mismos, en su caso. A tal efecto, se entiende por código de conducta el acuerdo o conjunto de normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, en el que se define el comportamiento de aquellos empresarios que se comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas comerciales o sectores económicos.

p) La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución.

q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones del consumidor y usuario derivadas del contrato.

r) Cuando proceda, la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que el consumidor y usuario tenga que pagar o aportar a solicitud del empresario.

s) Cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables.

t) Cuando proceda, toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente que éste pueda conocer.

u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de reclamación y resarcimiento al que esté sujeto el empresario y los métodos para tener acceso al mismo.

2. El apartado 1 se aplicará también a los contratos para el suministro de agua, gas, electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, calefacción mediante sistemas urbanos y contenido digital que no se preste en un soporte material.

3. En las subastas públicas, la información a que se refiere el apartado 1. b), c) y d), podrá ser sustituida por los datos equivalentes del subastador.

4. La información contemplada en el apartado 1. i), j) y k) podrá proporcionarse a través del modelo de documento de información al consumidor y usuario sobre el desistimiento establecido en el anexo A. El empresario habrá cumplido los requisitos de información contemplados en el apartado 1. i), j) y k), cuando haya proporcionado dicha información correctamente cumplimentada.

5. La información a que se refiere el apartado 1 formará parte integrante del contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento y no se alterará a menos que las partes dispongan expresamente lo contrario. Corresponderá al empresario probar el correcto cumplimiento de sus deberes informativos y, en su caso, el pacto expreso del contenido de la información facilitada antes de la celebración del contrato.

6. Si el empresario no cumple los requisitos de información sobre gastos adicionales u otros costes contemplados en el apartado 1. e), o sobre los costes de devolución de los bienes contemplados en el apartado 1. j), el consumidor y usuario no deberá abonar dichos gastos o costes.

7. Los requisitos de información establecidos en este capítulo se entenderán como adicionales a los requisitos que figuran en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, si una disposición general o sectorial sobre prestación de servicios, incluidos los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, relativa al contenido o el modo en que se debe proporcionar la información entrara en conflicto con alguna disposición de esta ley, prevalecerá la disposición de esta ley.

8. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información establecidos en este artículo incumbirá al empresario.

Artículo 98. Requisitos formales de los contratos a distancia.

1. En los contratos a distancia, el empresario facilitará al consumidor y usuario, en la lengua utilizada en la propuesta de contratación o bien, en la lengua elegida para la contratación, y, al menos, en castellano, la información exigida en el artículo 97.1 o la pondrá a su disposición de forma acorde con las técnicas de comunicación a distancia utilizadas, en términos claros y comprensibles y deberá respetar, en particular, el principio de buena fe en las transacciones comerciales, así como los principios de protección de quienes sean incapaces de contratar. Siempre que dicha información se facilite en un soporte duradero deberá ser legible.

2. Si un contrato a distancia que ha de ser celebrado por medios electrónicos implica obligaciones de pago para el consumidor y usuario, el empresario pondrá en conocimiento de éste de una manera clara y destacada, y justo antes de que efectúe el pedido, la información establecida en el artículo 97.1.a), e), p) y q).

El empresario deberá velar por que el consumidor y usuario, al efectuar el pedido, confirme expresamente que es consciente de que éste implica una obligación de pago. Si la realización de un pedido se hace activando un botón o una función similar, el botón o la función similar deberán etiquetarse, de manera que sea fácilmente legible, únicamente con la expresión «pedido con obligación de pago» o una formulación análoga no ambigua que indique que la realización del pedido implica la obligación de pagar al empresario. En caso contrario, el consumidor y usuario no quedará obligado por el contrato o pedido.

3. Los sitios web de comercio deberán indicar de modo claro y legible, a más tardar al inicio del procedimiento de compra, si se aplica alguna restricción de entrega y cuáles son las modalidades de pago aceptadas.

4. Si el contrato se celebra a través de una técnica de comunicación a distancia en la que el espacio o el tiempo para facilitar la información son limitados, el empresario facilitará en ese soporte específico, antes de la celebración de dicho contrato, como mínimo la información precontractual sobre las características principales de los bienes o servicios, la identidad del empresario, el precio total, el derecho de desistimiento, la duración del contrato y, en el caso de contratos de duración indefinida, las condiciones de resolución, tal como se refiere en el artículo 97.1. a), b), e), i) y p). El empresario deberá facilitar al consumidor y usuario las demás informaciones que figuran en el artículo 97 de una manera apropiada con arreglo al apartado 1.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 si el empresario llama por teléfono al consumidor y usuario para celebrar un contrato a distancia, deberá revelar, al inicio de la conversación, su identidad y, si procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar el objeto comercial de la misma.

6. En aquellos casos en que sea el empresario el que se ponga en contacto telefónicamente con un consumidor y usuario para llevar a cabo la celebración de un contrato a distancia, deberá confirmar la oferta al consumidor y usuario por escrito, o salvo oposición del mismo, en cualquier soporte de naturaleza duradera. El consumidor y usuario sólo quedará vinculado una vez que haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, que, entre otros medios, podrá llevarse a cabo mediante papel, correo electrónico, fax o sms.

7. El empresario deberá facilitar al consumidor y usuario la confirmación del contrato celebrado en un soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a distancia, a más tardar en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la ejecución del servicio. Tal confirmación incluirá:

a) Toda la información que figura en el artículo 97.1, salvo si el empresario ya ha facilitado la información al consumidor y usuario en un soporte duradero antes de la celebración del contrato a distancia, y

b) Cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y del conocimiento por su parte de la pérdida del derecho de desistimiento de conformidad con el artículo 103.m).

8. En caso de que un consumidor y usuario desee que la prestación de servicios o el suministro de agua, gas o electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas– o de calefacción mediante sistemas urbanos dé comienzo durante el plazo de desistimiento previsto en el artículo 104, el empresario exigirá que el consumidor y usuario presente una solicitud expresa en tal sentido.

9. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este artículo se refiere. El empresario deberá adoptar las medidas adecuadas y eficaces que le permitan identificar inequívocamente al consumidor y usuario con el que celebra el contrato.

10. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre la celebración de contratos y la realización de pedidos por vía electrónica establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio.

Artículo 99. Requisitos formales de los contratos celebrados fuera del establecimiento.

1. En los contratos celebrados fuera del establecimiento, el empresario facilitará al consumidor y usuario la información exigida en el artículo 97.1 en papel o, si éste está de acuerdo, en otro soporte duradero. Dicha información deberá ser legible y estar redactada al menos en castellano y en términos claros y comprensibles.

2. El empresario deberá facilitar al consumidor y usuario una copia del contrato firmado o la confirmación del mismo en papel o, si éste está de acuerdo, en un soporte duradero diferente, incluida, cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y del conocimiento por su parte de la pérdida del derecho de desistimiento a que se refiere el artículo 103.m).

3. En caso de que un consumidor y usuario desee que la prestación de servicios o el suministro de agua, gas, electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o calefacción mediante sistemas urbanos, dé comienzo durante el plazo de desistimiento previsto en el artículo 104, el empresario exigirá que el consumidor y usuario presente una solicitud expresa en tal sentido en un soporte duradero.

4. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este artículo se refiere. El empresario deberá adoptar las medidas adecuadas y eficaces que le permitan identificar inequívocamente al consumidor y usuario con el que celebra el contrato.

 

 

No cabe duda de que las técnicas biométricas de gestión de identidad pueden aportar comodidad a los usuarios y son lo suficientemente robustas en la actualidad para prestar buenos servicios a las entidades que las adoptan.

Pero también es cierto que la información relacionada con los aspectos biométricos es personalísima y debe ser tratada con un cuidado extquisito desde el punto de vista de la preservación de derechos de privacidad, más allá de la letra de la ley de protección de datos de carácter personal.

La voz es uno de los parámetros biométricos que mejor se prestan para ser utilizados como elemento de autenticación:

  • Puede ser utilizado a distancia, por ejemplo a través del teléfono
  • Prmite una identificación preliminar por aquellos que conocen al locutor que es una buena primera aproximación respecto a la confirmación de identidad.
  • Puede ser utilizada en contextos dinámicos que presenten locuciones diferentes
  • Se pueden combinar con técnicas de reconocimiento del texto hablado para gestión de menús y control de lineas de acción en sistemas automatizados
  • Es susceptibe de un análisis profundo con técnicas fonéticas que eliminen la influencia de artefactos como voces impostadas. susurros, falsetes y afonías.

Las soluciones van avanzando y están ya disponibles para ser utilizadas como mecanismos que sustituyan a las passwords y contraseñas, e incluso para firmar documentos electrónicos.

Contacte con EADTrust en el 902 365 612 (o en el +34 91 716 0555) si desea saber como implantar una solución adecuada de firma vocal o de autenticación por voz que cumpla con todos los requisitos legales y aproveche los últimos avances técnicos.

 

Es posible usar la voz para firmar contratos, pero es preciso seguir una serie de recomendaciones para no causar indefensión a los usuarios o firmantes.

La biometría de voz permite establecer parámetros únicos dependientes del locutor que caracterizan a cada persona y que pueden usarse para comprobar (autenticación) si una persona es quien se presume que es (identificación).

Para lograr la firma es necesario añadir un paso más: vincular el documento al firmante de manera única asociando a la autenticación una prueba de la prestación del consentimiento.

Así como las huellas dactilares son únicas en cada persona, también lo es la voz.

Aspectos como el tono, la velocidad y el timbre matizan los “formantes” de la voz, que no dependen de la locución sino del locutor.

Los sistemas actuales permiten determinar que una persona es la identificada incluso en los casos en los que la voz esté afectada por un resfriado. Y también descartar las voces pregrabadas, las de los imitadores, incluso las de esos familiares que aparentan tener “voces iguales”.