Contratación a distancia

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A lo largo de los últimos años, EADTrust ha evaluado diversas plataformas para la gestión de firma vocal con tecnologías que permiten que se las encuadre entre las firmas electrónicas avanzadas que define el reglamento europeo UE 910/2014 (EIDAS).

Estas firmas, por la forma en que conservan la información biométrica de la expresión hablada del consentimiento permiten su cotejo por los peritos en fonética forense o por herramientas de comprobación biométrica (motores de biometría de voz) en caso de que su autenticidad se haya de dilucidar en juicio o en otro contexto de resolución de controversias.

Se benefician por tanto de una cualidad que el Reglamento EIDAS atribuye a las firmas electrónicas cualificadas: su equivalencia con las firmas manuscritas. Las firmas que denominamos “firma vocal” no son firmas cualificadas, porque no se basan en el uso de certificados cualificados. Sin embargo, la tradición jurídica del consentimiento verbal se ve reforzada por la preservación del consentimiento junto con el contrato que puede acabar con la frase latina “verba volant, scripta manent” ya que queda constancia de lo hablado con las mismas características de disponibilidad futura a efectos probatorias que las obtenida con firmas manuscritas.

Además, como la firma manuscrita, la firma vocal tienen la propiedad de la inmediación (están hechas por intervención directa del firmante sin que intermedie un dispositivo técnico o mecánico) de la que carecen las firmas realizadas con certificados, inclusive las cualificadas.

EADTrust ha definido un distintivo específico para identificar a las soluciones auditadas con características de plataforma, y que se diferencia del distintivo otorgado a las entidades que adoptan la tecnología y la integran con sus sistemas para recoger firmas que forman parte de sus flujos de negocio (este tipo de entidades se denominan “promotoras” en el contexto de los sistemas de firma vocal impulsados por EADTrust)  .

Las plataformas deben permitir cumplir los 10 principios generales definidos por EADTrust, pero algunos de ellos suponen retos de cumplimiento especialmente orientados hacia las entidades promotoras.

La contratación a distancia ha sido un reto jurídico durante muchos años hasta el punto que en el antiguo código de comercio (recogido en el Real Decreto de 22 de agosto de 1885) se reflejaba la posibilidad de la contratación a distancia en el contexto de lo que permitía la tecnología:

Art. 51.

Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el Derecho civil tenga establecidos. Sin embargo, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba.

La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas reúnan las condiciones o signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado

Tras la generalización de Internet se han publicado diferentes normas que ya dan cobertura legal a diferentes variantes de contratación a distancia, y de forma especialmente significativa las que tienen que ver con la firma electrónica.

Sin embargo, hasta muy recientemente no se había contemplado la posibilidad de que la contratación verbal (por ejemplo, por teléfono) tuviera la consideración de documento firmado electrónicamente.

Esta es la aportación clave de la firma de documentos de forma remota sólo con la voz.

Es previsible su uso en proyectos  para el ámbito financiero y  ámbitos de alta seguridad donde no sea factible o sea un inconveniente la utilización de medios físicos para proveer una firma digital.

Los mecanismos de firma “mediatos” como los certificados digitales requieren un soporte físico o lógico y las firmas manuscritas digitalizadas (que son mecanismos “inmediatos“) requieren dispositivos idóneos para la captación de la firma.

La posibilidad de usar la voz en la firma electrónica, aporta un mecanismo de firma de tipo “inmediato”, es decir, que implica su realización por el propio firmante, pero no requiere dispositivos ni soportes adicionales.

El Reglamento (UE) Nº 910/2014, conocido como EIDAS, que es el marco común europeo que define al validez de las firmas electrónicas, acoge la posibilidad de firma con la voz, con su definición del artículo 26 para la firma electrónica avanzada.

La firma vocal aporta además una alta seguridad en la identificación e inviolabilidad ante copias e imitaciones, lo que ha hace apta donde se requieren altos niveles de seguridad.

Esta tecnología aporta una gran ventaja a los clientes, que son típicamente la parte más débil de los contextos de contratación, ya que les proporciona simetría probatoria.

Es decir, que los clientes que contraten mediante la voz con entidades que adopten estas plataformas recibirán su contrato en formato PDF  incluyendo su firma vocal y con las mismas evidencias digitales con las que cuente la entidad, y, por tanto, con la misma capacidad probatoria que la otra parte contratante.

Desde el punto de vista de la entidad que lo implemente, aporta un sustancial ahorro en costes ya que no requiere la emisión de certificados, ni la consecuente gestión de renovaciones, ni la consulta de certificados revocados, ni la custodia en un tercero de confianza del documento firmado.

Estos servicios se pueden emplear para firmar electrónicamente contratos y otros documentos, tanto de forma presencial como a distancia, captando la firma vocal del cliente (voz) y vinculando su consentimiento en documentos electrónicos de modo que éstos tengan el máximo valor legal y cumplan con las mejores prácticas sectoriales.

Posibles casos de uso pueden ser:

  • Firma de contratos
  • Prestación de consentimiento informado en contextos médicos
  • Firmas de reclamaciones de clientes
  • Firmas sujetas a la normativa MIFID 2 (lectura y conformidad de las cláusulas del riesgo de la operación).
  • Contratación de servicios de telecomunicaciones
  • Onboarding para Entidades de Dinero Electrónico y Entidades de Pago

En el Derecho Romano, la fijación de la voluntad nuncupativa se producía, tras la declaración ante testigos, redactando el escrito para su conservación. Era el caso del testamento nuncupativo, en el que se expresaba de viva voz la voluntad del testador.

El testamento escrito reflejaba en un documento duradero lo que se había expresado de viva voz, con ciertos requisitos formales respecto a la actuación de los testigos.

La tecnología biométrica permite en la actualidad que la firma vocal (en la que se declara la prestación del consentimiento respeto a un escrito) puefa quedar embebida en el documento electrónico, lo mismo que una firma manuscrita se incorpora a un documento en papel.

De esta forma se logra aunar la tradición de la prestación verbal del consentimiento o el contrato “de palabra” con la posibilidad de que quede preservado en un soporte duradero, tal como exige, por ejemplo, la normativa de protección de consumidores (ver, por ejemplo el artículo 5  de la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia y el artículo 98  de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios según redacción dada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).

Los testamentos se clasifican en dos clases:

  • escritos y
  • expresados de viva voz

Esta expresión latina del derecho romano procede de un tratado sobre herencias, testamentos y sucesiones.

El testamento requería de 7 testigos (y uno adicional cuando revestía la forma escrita y el testador no sabía escribir, siendo el octavo el que lo ponía por escrito). Pero la expresión solemne ante testigos sumarizando las posesiones y nombrando (literalmente) herederos de viva voz durante muchos años se denominó testamento nuncupativo.

Una variante del testamento declarado de forma oral podía posteriormente fijarse de forma escrita, lo que daba dos nuevas variantes, con escrito y sin escrito.

Al testamento nuncupativo se le llamaba abierto porque otra variante, el cerrado, escrito del puño y letra del testador o del octavo testigo, podía contener la declaración de herederos sin que los testigos conocieran su contenido. El testamento cerrado  e indefectiblemente escrito debía dejar suficiente espacio para que los siete testigos pusieran sus firmas o lazaran sus cordeles para fijar sus sellos. El testamento escrito se denomina también hológrafo.

En la actualidad la criptografía y la biometría son dos tecnologías que permiten fijar en un documento PDF la declaración de conformidad con lo firmado expresada de viva voz, de forma que el documento contenga el clausulado completo de un contrato de igual forma que el que se obtiene en otras formas de contratación. La vinculación del firmante con lo firmado cumpliendo los requisistos del artículo 26 del EIDAS da lugar a una firma electrónica nuncupativa. O dicho de otra forma, una firma electrónica vocal.

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En la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores se indican varias ideas importantes:

En la comercialización a distancia de los servicios financieros, deberá quedar constancia de las ofertas y la celebración de los contratos en un soporte duradero. Por soporte duradero se entiende todo instrumento que permita al consumidor almacenar la información dirigida personalmente a él, de modo que pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adecuado para los fines para los que la información está destinada y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada.

En el caso de comunicación a través de telefonía vocal, se observarán las siguientes normas:

a) al comienzo de toda conversación con el consumidor se indicará claramente la identidad del proveedor y el fin comercial de la llamada iniciada por el proveedor;

b) previa aceptación expresa del consumidor, sólo deberá suministrarse la información siguiente:

  1. la identidad de la persona en contacto con el consumidor y su vínculo con el proveedor;
  2. una descripción de las características principales del servicio financiero;
  3. el precio total que debe pagar el consumidor al proveedor del servicio financiero, incluidos todos los impuestos pagados a través del proveedor o, cuando no se pueda indicar un precio exacto, la base del cálculo que permita al consumidor comprobar el precio;
  4. indicación de que pueden existir otros impuestos o gastos que no se paguen a través del proveedor o que no los facture él mismo;
  5. la existencia o inexistencia de un derecho de desistimiento, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 22/2007 y, de existir tal derecho, su duración y las condiciones para ejercerlo, incluida la información relativa al importe que el consumidor pueda tener que abonar con arreglo al artículo 11 de la citada Ley;

c) el proveedor informará al consumidor acerca de la existencia de información adicional disponible previa petición y del tipo de información en cuestión.

El proveedor comunicará al consumidor todas las condiciones contractuales, así como la información contemplada en la Ley, en soporte de papel u otro soporte duradero accesible al consumidor, con suficiente antelación a la posible celebración del contrato a distancia o a la aceptación de una oferta y, en todo caso, antes de que el consumidor asuma las obligaciones mediante cualquier contrato a distancia u oferta.

Corresponderá al proveedor la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones que le incumban al amparo de la citada Ley, en materia de información al consumidor, así como del consentimiento del consumidor para la celebración del contrato y, cuando proceda, para su ejecución.

Los únicos sistemas que permiten cumplir de forma adecuada la Ley 22/2007 a través de la voz son los que recogen la prestación de consentimiento del consumidor y la incluyen en el mismo soporte duradero que se entrega al cliente, de forma que la prueba del consentimiento no solo la preserva el proveedor, sino que también queda a disposición del consumidor.

Si en el soporte duradero se cumplen también los requisitos del artículo 26 del Reglamento UE 910/2014 que regula la firma electrónica, nos encontramos ante una firma electrónica avanzada.

EAD Trust parte de un elaborado check list de requisitos para auditar soluciones, plataformas e implementaciones de firma electrónica vocal y a las que superan los criterios de auditoría les otorga un sello de calidad.

En 2017, los requisitos básicos se resumen en estos 10 puntos:

  1. Constancia de la prestación del consentimiento del firmante respecto de un documento por su propia voz y vinculación de la evidencia con el documento
  2. Resistencia a simulaciones de voz pregrabadas y sintetizadores de voz por posibles suplantadores.
  3. Simetría probatoria. Disponibilidad del documento para el firmante de forma inmediata y de los medios de prueba a un coste semejante al que tendría en papel la prueba sobre una firma manuscrita.
  4. Soporte duradero. Persistencia del documento para que las partes puedan probar la identidad de los firmantes y el contenido del documento en cualquier momento futuro.
  5. Posibilidad de comprobar la firma vocal y el contenido del documento por el firmante de forma sencilla, con una versión degradada de lo pronunciado por el firmante.
  6. Imposibilidad de extraer la voz grabada en alta calidad por parte de la entidad que aplica la tecnología y de incrustar la firma vocal en otros documentos.
  7. Posibilidad de comparar la voz grabada en alta calidad con otras indubitadas en un contexto forense y de resolución de controversias.
  8. Posibilidad de generar documentos híbridos, en papel y electrónicos.
  9. Disponibilidad de información para los firmantes o sus representantes legales respecto a la forma de aportar la prueba y analizarla en un contexto litigioso.
  10. Protección de la información conforme a la LOPD. Existencia de un procedimiento de detección y notificación a la autoridad de protección de datos de incidentes de seguridad que afecten a datos de carácter personal.

La solución Firvox de Biometric Vox permite la firma electrónica avanzada tal como la define el Reglamento Europeo UE 910/2014 (EIDAS), con la particularidad de incluir en ella la viva voz del firmante captada en el momento en que prestó el consentimiento, y con la posibilidad de aplicar las normas procesales que ya prevén la posibilidad de aportar informes periciales que diriman la controversia si alguna de las partes impugna una firma.

Al quedar la firma electrónica embebida en un documento PDF, el firmante recibe una información contractual tan completa como la que recibiría de firmar de su puño y letra un contrato en soporte papel, por lo que no tendrá ningún sentido en el futuro que las contrataciones telefónicas omitan aspectos tan importantes de la seguridad jurídica.

La solución ha sido la primera evaluada por los especialistas de EADTrust que han otorgado el sello de calidad de firma vocal a la plataforma tecnológica, tras comprobar el cumplimiento por parte de la solución de un larga relación de requisitos de seguridad técnica y jurídica según el modelo de mejores prácticas de contratación presencial y a distancia definido por la entidad para preservar con la mayor calidad probatoria la prestación del consentimiento verbalizada por el firmante.

La novedad ha sido recogida por diferentes medios de comunicación durante octubre de 2016 lo que ha dado lugar a diversos titulares:

 

La entidad Biometric Vox ha recibido la homologación de su sistema FirVox ver. 1.0 en el marco del Esquema de Firma Vocal Avanzada impulsado por European Agency of Digital Trust. El código de homologación es el FV-2016-001

El Sistema auditado es una Plataforma de Servicios de Firma Electrónica Avanzada en la definición del Reglamento Europeo UE 910/2014 (#eIdAS) que prevé el uso de la voz para la gestión de funciones de contratación y firma en diferentes contextos de uso.

Servirá para firmar electrónicamente contratos y otros documentos, de forma presencial y a distancia, captando la firma vocal del cliente y vinculando su consentimientos en documentos electrónicos de modo que en el caso de los contratos, estos tengan el máximo valor legal y cumplan con las mejores prácticas sectoriales.

El Esquema de Firma Vocal Avanzada está documentado mediante el sistema de gestión de evaluación de conformidad de TCAB (Trust Conformity Assessment Body) y la Auditoría la ha llevado a cabo EAD Trust que es una de las entidades homologadas por TCAB para realizar este tipo de auditorías.

En Murcia existe un ecosistema de empresas muy tecnológicas en cuyo contexto nació Biometric Box que ha sido la entidad impulsora de trabajos realizados por investigadores procedentes de la Universidad de Murcia que han desarrollado las tecnologías biométricas mas avanzadas basadas en Redes Neuronales, que son la clave de un sistema de contratación por voz  pionero en el mundo.

El sistema Firvox desarrollado por Biometric Vox da respuesta al reto de permitir que los propios intervinientes que contratan verbalmente reciban sus contratos en formato electrónico con la constancia de su voz prestando el consentimiento  y con el clausulado completo del contrato por escrito.

De esta forma se devuelve el equilibrio al consumidor respecto a la posibilidad de demostrar el contenido de un contrato y de quien lo suscribe, ya que garantiza que la prueba del contrato no esté solo a disposición de la entidad que adopta el sistema de contratación por voz.

El nuevo sistema puede ser disruptivo para el sector de la contratación a distancia a través de “contact centers” porque resuelve todos los requisitos que marca la ley en la actualidad, en particular los relativos a la firma electrónica avanzada en el marco del #eIdAS (Reglamento europeo 910/2014) y además resuelve el mismo tipo de problemas que en soporte papel se resuelven con la firma manuscrita de los contratos.

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La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones incluye en su página web un resumen repecto a la Contratación de seguros a distancia

Se basa en lo previsto en la Ley 22/2007, sobre comercialización a distancia de servicios financiero destinados a los consumidores, que contempla la contratación de seguros y otros servicios financieros, a distancia, sin la presencia física de las partes contratantes. Por ejemplo, la contratación por vía telefónica, por fax o a través de Internet.

Antes de la celebración a distancia de un contrato de seguro, el asegurador deberá poner a disposición del consumidor, de forma previa y con la suficiente antelación:

  • La identidad de la entidad aseguradora, su domicilio y su dirección a efectos de sus relaciones con los tomadores y asegurados.
  • Si interviene un representante legal de la entidad, se hará constar su identidad.
  • Si interviene un mediador de seguros, se hará constar su identificación.
  • Identificación de los Registros Públicos en que está inscrita la entidad (Registro Mercantil y Registro administrativo de entidades aseguradoras) y número de registro.
  • Autoridad encargada de la supervisión de la entidad.
  • Descripción de las principales características del contrato de seguro.
  • El precio total que debe satisfacer el tomador por el seguro, con inclusión de todas las comisiones, cargas y gastos, así como todos los impuestos pagados a través de la entidad aseguradora.
  • Indicación del periodo para el que es válida la información suministrada.
  • Modalidades de pago y ejecución.
  • Si fuera el caso, indicación del coste suplementario que supone contratar a distancia (por regla general, supone un descuento o menor coste).
  • Si existe o no derecho de desistimiento y, en su caso, el plazo y condiciones para su ejercicio.
  • La duración contractual mínima.
  • Información sobre la existencia o no de derechos, distintos del de desistimiento, que puedan tener las partes para resolver el contrato y las condiciones para su ejercicio.
  • Estado en cuya legislación se basan las relaciones precontractuales, ley aplicable al contrato y jurisdicción a la que acudir en caso de conflicto.
  • Lengua o lenguas en que se presenta la información previa al contrato y la lengua o lenguas en que puede formalizarse el mismo.
  • A qué sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, de carácter público o privado, puede el consumidor tener acceso y cómo puede acceder a ellos.
  • La existencia de fondos de garantía u otros mecanismos de indemnización, sean de carácter obligatorio o voluntario.

Además, deberán cumplirse todos los requisitos de información previa al tomador que se exigen en todos los contratos de seguros, sean o no realizados a distancia, en cumplimento del  Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y supervisión de los Seguros Privados.

En el web de la DGSFP hay un apartado específico sobre “información al tomador”.

En la comercialización a distancia de productos de seguros deberá quedar constancia en soporte duradero de las ofertas y de los contratos celebrados. Se admite como soporte duradero su reflejo en papel o en cualquier otro instrumento que permita al tomador almacenar la información y recuperarla fácilmente cuando así lo requiera.

Una vez celebrado el contrato de seguro a distancia, el tomador dispone, en la mayor parte de los casos, de un plazo de 14 días para desistir del contrato a distancia, sin indicación de los motivos y sin penalización alguna. Si se trata de seguros de vida, el plazo será de 30 días.

En el web de la DGSFP hay un apartado específico sobre el derecho de desistimiento: “resolución unilateral/desistimiento” .

Las entidades aseguradoras no pueden celebrar contratos de seguro a distancia, ni renovarlos (salvo que en el contrato esté expresamente prevista la renovación por esta vía), sin que el consumidor lo solicite. En caso de que se prestase un servicio de seguros a distancia sin que el consumidor lo solicite, el consumidor no estará sometido a ninguna obligación derivada del mismo. Esta circunstancia implica que, por el hecho de no rechazar expresamente un seguro a distancia que no se ha solicitado, la entidad aseguradora no puede entender que el contrato ha sido aceptado.

A partir del pasado 1 de febrero de 2014 las empresas que cobran sus servicios a través de recibos domiciliados deben cumplir las obligaciones de obtención y custodia del mandato que establece la normativa SEPA. Los adeudos directos mediante recibo domiciliado correspondientes a clientes nuevos que se practiquen sin autorización, es decir, sin el requerido mandato, podrán ser objeto de devolución y reembolso durante los 13 meses siguientes al cargo no autorizado.

Estas obligaciones harán que el esfuerzo de las empresas se centre en acreditar la obtención del consentimiento del cliente para realizar el adeudo del recibo en su cuenta corriente.

Normativa actual

En la sección 4.1 del Core SDD Rulebook se establece que el mandato es una expresión de consentimiento y autorización del deudor al acreedor y menciona únicamente dos formatos: el mandato en papel con firma manuscrita y el e-mandato con firma electrónica. Esta lista tasada se confirma en las FAQ del portal SEPA del Banco de España  en las que se afirma que el mandato telefónico no es válido y sólo se contempla la firma manuscrita y la firma electrónica que equivalga a firma manuscrita según la ley. De ello se deduce que un e-mandato sólo sería válido si estuviese firmado por el cliente con firma electrónica reconocida.

Sin embargo, el EPC (European Payments Council) emitió una nota aclaratoria en la que explica que los métodos de firma descritos en la sección 4.1 del Core SDD Rulebook no son exhaustivos y que se puede considerar el uso de otros métodos de firma que sean legalmente vinculantes, incluyendo los utilizados en las normas locales vigentes hasta ahora.

En una declaración posterior del SEPA Council se ha valorado positivamente la intención del EPC de dar un mensaje claro a favor de la tesis de que los SDD Rulebooks no son un obstáculo para el uso continuado, después del 1 de febrero de 2014, de métodos válidos de mandatos electrónicos ya existentes , que son utilizados actualmente en algunas comunidades nacionales para iniciar transacciones de adeudo directo.

Métodos de firma

En España, la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1997 establece que el requisito de la firma autógrafa puede ser sustituido, por el lado de la criptografía, por medio de cifras, claves y otros atributos alfanuméricos que permitan asegurar la procedencia y la veracidad de su autoría y la autenticidad de su contenido.

Más recientemente, en un Auto de 21 de marzo de 2013, el Tribunal Supremo ha aceptado como prueba los mensajes de correo electrónico certificados y de los SMS certificados. La validez probatoria de los SMS certificados ha sido reforzada desde la entrada en vigor de la exigencia de identificación en la contratación de una cuenta de telefonía móvil, incluidas las de prepago. El artículo 25 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, LSSI establece que las partes de un contrato pueden pactar la intervención de un tercero de confianza para que consigne la fecha y la participación de las partes y archive las declaraciones de voluntad. Se entiende que tiene que ser un tercero de confianza de las dos partes, es decir, aceptado libremente por ellas, ya que la imposición del tercero en una transacción de consumo podría llegar ser considerada como una cláusula abusiva.

La Ley de firma electrónica establece que la firma electrónica reconocida tendrá, respecto de los datos consignados de forma electrónica, el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. Pero también establece que no se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de firma electrónica reconocida en relación a los datos a los que está asociada por el mero hecho de presentarse de forma electrónica. Y añade que, cuando una firma electrónica se utilice conforme a las condiciones acordadas por las partes para relacionarse entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado entre ellas. Cabe decir en este punto que es altamente improbable que una empresa adopte la estrategia suicida de requerir el DNI electrónico para obtener los mandatos de sus clientes en la contratación de servicios recurrentes.

En el campo de la firma manuscrita en tableta ha habido importantes avances, al capturarse datos biométricos como, por ejemplo, el nivel de presión y la velocidad del trazo durante la ejecución de la firma. Los algoritmos aplicados a la autenticación en este formato de firma explotan el hecho de que el ser humano nunca firma exactamente igual, lo cual permite repudiar un documento que reproduzca la misma firma biométrica que otro anterior. Por otro lado, esta modalidad permite asegurar que el firmante estaba presente en el acto de la firma, algo que no es posible en otros sistemas de firma electrónica.

Otras modalidades de firma biométrica pueden ser, además de la firma dactilar, la firma vocal y la firma mediante vídeo, que algunas empresas están aplicando en ciertas modalidades de contratación, por ejemplo en ferias. Esta alternativa consistiría en aceptar el contrato leyendo el texto de aceptación en el que se reproducen los elementos clave del contrato mientras se graba la voz o la imagen y la voz del firmante y previa manifestación de consentimiento en relación al tratamiento de dichos datos. El fichero de audio o de vídeo quedaría unido al contrato con las correspondientes garantías técnicas de integridad. Hay que tener en cuenta, tanto en este punto como en los anteriores, las garantías adicionales que, en relación al consentimiento, exigirá la nueva Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios en el caso de la contratación telefónica y online.

Posibles estrategias

Entre las estrategias que se han adoptado para la transición a SEPA de las domiciliaciones destacan las siguientes:

1. Asumir el riesgo de devolución, tras haber evaluado dicho riesgo y haber asignado una partida presupuestaria a las posibles devoluciones que puedan producirse.

2. Asumir el riesgo de rechazo de medios con los que el cliente no esté familiarizado, con el consiguiente descenso en las ventas al pedir el DNI electrónico o cualquier otro sistema de firma cualificada en la transacción y en la obtención del mandato.

3. Adaptarse a la oferta de las entidades financieras,  mediante la clave de firma de banca electrónica.

4. Utilizar los servicios de terceros de confianza en la obtención del mandato y sistemas de gestión y custodia de los mandatos aceptados, en conexión con el ERP corporativo.

5. Obtener el consentimiento online o por vía telefónica con la posterior verificación del consentimiento mediante alguna de las modalidades de firma comentadas  que ofrezca las garantías exigidas por la ley.

6. Analizar la viabilidad jurídica de diferentes modalidades de firma biométrica en la obtención del mandato. Especial atención merece la firma vocal ya que se puede realizar a distancia.